La sociedad juega un papel fundamental en el trabajo de fiscalización electoral porque tiene el derecho a conocer y ser informada sobre los asuntos públicos. Al contar con información, e instrumentos legales para ser informada, en la ciudadanía aumenta el interés, el conocimiento y la participación en los asuntos electorales, así como su confianza hacia las instituciones. Se promueve, de esta manera, una cultura de rendición de cuentas y de control ciudadano hacia la equidad.